La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y otras seis personas como presuntos responsables de posibles irregularidades detectadas en un contrato suscrito al amparo de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, el cual buscaba garantizar la alimentación de los estudiantes durante el periodo de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional.
Gorky Muñoz Calderón – Alcalde de Neiva
El contrato, pactado en 5.250 millones de pesos, estableció que debía entregarse 105.000 kits alimentarios para preparar en casa. Al parecer, el mandatario intervino ilícitamente para que el contrato fuera direccionado y quedara en manos de una empresa con sede en Tumaco (Nariño).
Los elementos de prueba dan cuenta de que el alcalde, supuestamente, quiso favorecer a un contratista que tenía su centro de funcionamiento en un punto distante a Neiva porque quería retribuirle el apoyo y financiación que le habría brindado a su campaña política. La persona, presuntamente beneficiada es el concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones.
Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública, articulado con la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra la Corrupción, formuló imputación ante un juez de control de garantías al alcalde de Neiva; al secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez; los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo; los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo; y al concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñones.
De acuerdo con el posible rol y nivel de participación les imputó los delitos de violación del régimen legal o constitucional e inhabilidades e incompatibilidades; e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron cargos.
Al señor Gorky Muñoz se le impuso medida aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
